•    La fusión CAM-BANCAJA significará una notable pérdida de puestos de trabajo para las zonas donde están implantadas ambas Cajas, afectando sobre todo a Valencia y Alicante , donde la duplicidad de oficinas es notable: VALENCIA ( datos 2008),  CAM( 139 Oficinas), BANCAJA (410 oficinas); ALICANTE ( datos 2008), CAM (322 oficinas), BANCAJA (122). A ello habría que sumar la concentración de servicios centrales en una de las dos provincias, suponiendo una perdida de empleo directo de más de 1000 puestos de trabajo sólo en este apartado. El coste total de la operación supondría una pérdida  cercana a los 7000 empleos: es decir la caja resultante funcionaría con una plantilla parecida a la que tienen en la actualidad cada una de ellas individualmente.

•    Ambas entidades ya tienen un volumen suficiente y no necesitan crecer para mantenerse en el actual mercado: DEFENDEMOS SU VIABILIDAD  COMO GRANDES CREADORAS DE EMPLEO DE CALIDAD Y SU INFLUENCIA SOCIAL EN LOS ENTORNOS DONDE SE DESARROLLAN EN LA ACTUALIDAD. Reclamamos a los partidos políticos, a los órganos de gobierno y a las direcciones de las Cajas   que no escondan las repercusiones negativas que estos procesos de fusión acarrearán para los trabajadores y trabajadoras del sector y para nuestros clientes.

•    La excusa de la crisis es una herramienta que están utilizando para que la fusión sea aceptada por nuestra sociedad como única alternativa. Detrás de ella están los deseos de los poderes económicos del país para que haya concentraciones de bancos/cajas y puedan ser mas fácilmente controlados por los intereses especulativos del capital. A la vez su objetivo es el de abaratar/eliminar las actuales condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de las Cajas.

•    Reivindicamos unos servicios financieros de carácter público, suprimiendo la especulación y los beneficios privados de la intermediación financiera. Por eso defendemos el modelo jurídico de las Cajas de Ahorros como de naturaleza pública, ligado a las Obras Sociales, a la atención de las necesidades de la población y como garantía de sus derechos básicos.