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Si a eso se añaden las ayudas del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en algunos casos, en aplicación de la nueva “reforma laboral”, podemos afirmar que las rebajas de las plantillas, en el marco de las fusiones llevadas a cabo en el sector de cajas de ahorros,  no son solo una medida de destrucción masiva de empleo (con unos objetivos de alrededor de 30.000 puestos de trabajo menos) sino que, además, suponen una escandalosa malversación de fondos públicos. Fondos que podrían dedicarse, con más justicia, a otros colectivos realmente necesitados. Es conveniente señalar que, además de la complicidad de los sindicatos domesticados del sector, todos estos pactos fraudulentos de destrucción de empleo han contado con la necesaria colaboración del Gobierno, a través del  Ministerio de Trabajo que, conociendo el detalle de su contenido, los ha permitido y alentado.

En una valoración realizada por CGT sobre de las diferentes propuestas llevadas a cabo, y sumando fiscalidad, subsidio de paro y otros, cada puesto de trabajo destruido le costaría a las arcas públicas, adicionalmente y por los conceptos antes señalados, una media de 70.000 euros. Si los multiplicamos por 30.000 bajas anunciadas, el asunto puede llegar a incrementarse en más de 2.000 millones euros, a fondo perdido, a añadir a la generosa financiación con los fondos del FROB, antes descrita. Todo ello con el dinero de todos, y a mayor gloria del capital privado.

 

CGT SE POSICIONA CONTRA LA  DESTRUCCIÓN DE EMPLEO Y MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS QUE ESTÁ SUPONIENDO LA RECONVERSIÓN DEL SECTOR DE AHORRO

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